La SCJN y la SHCP firman convenio para interconexión entre sistemas electrónicos de gestión jurisdiccional
El Ministro Arturo Zaldívar, Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), y el Secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera Gutiérrez, firmaron un convenio para interconectar los sistemas tecnológicos de dichas instituciones para la gestión jurisdiccional, mediante el uso de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL).
Con este convenio se logra eficientar el uso de los recursos públicos y reducir los tiempos de atención, disminuyendo considerablemente costos, en beneficio de los justiciables. Se aseguró esta medida garantiza una justicia más moderna, cercana, eficaz y accesible para todas las personas.
La SHCP podrá operar plenamente en el Sistema Electrónico de la Suprema Corte y el Portal de Servicios en Línea de la SCJN y del CJF, respectivamente, para la promoción, trámite, consulta, recepción de notificaciones por vía electrónica y la celebración de audiencias y comparecencias a distancia en los expedientes de la competencia del PJF, salvo en controversias constitucionales y en acciones de inconstitucionalidad.
Lo anterior implica los asuntos que sean competencia de la Procuraduría Fiscal de la Federación, en representación de la SHCP, le sean notificados vía electrónica, y pueda, a su vez, enviar todo tipo de promociones, consultar acuerdos, resoluciones y sentencias, por medio del Sistema Electrónico de la SCJN y su Portal de Servicios en Línea, así como del CJF. Esto permitirá atender eficientemente los más de 21,000 amparos que se han recibido en lo que va de la presente administración.
La SCJN afirmó este acuerdo constituye un instrumento progresista y de vanguardia en la Administración Pública Federal que se traduce en un parteaguas en la función pública y jurisdiccional.
De igual manera se enfatizó, la presidencia de la SCJN y del CJF y la SHCP demuestran su compromiso con los mecanismos de protección, seguridad, eficiencia y prontitud en la impartición de justicia, en beneficio de las y los mexicanos.
