Gob CDMX detalla avances de la controversia constitucional interpuesta ante SCJN sobre adeudo con TECDMX

Después de que el Tribunal Electoral presentara un recurso al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para el pago de un adeudo de 7.7 millones de pesos que no se le dieron al organismo en el contexto de la pandemia Covid-19 y estaban presupuestados. La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo y el Conejero Jurídico de jefatura, Néstor Vargas  dieron un informe de lo acontecido.

Antecedentes

El consejero recordó que el pasado 2 de diciembre del año 2020,  el Tribunal Electoral de la Ciudad de México presentó un juicio electoral ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación argumentando que el Gobierno de la Ciudad no les había entregado cuatro ministraciones que sumarian mas de 7 millones de pesos, correspondiente a cuatro meses de ejercicio y que estaban consierados desde un inicio.

Este adeudo lo atribuyen al recorte presupuestal que hicieron debido a la pandemia Covid-19 a todas la entidades gubernamentales.
 
Por lo que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió el 17 de diciembre del 2020, en el que le dio la razón, y ordenó al Gobierno de la Ciudad a entregar esas ministraciones. Derivado de ello, el consejero indico que inconformes con esa situación, acudieron ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para presentar una controversia constitucional el día 31 de diciembre del 2020.
 
Pero el 8 de febrero de este año el ministro ponente, Franco González, desechó el recurso que es la controversia constitucional.
 

Acudieron a la SCJN

Ante eso, el gobierno local decidio acudir ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que alguna de sus salas resuelva un recurso de reclamación.

El recurso enviado a la SCJN de reclamación está fundado en los siguientes argumentos:

• Nosotros consideramos que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación carece de competencia para resolver sobre temas de carácter presupuestal.
• La propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que las facultades o las atribuciones que tiene el Tribunal Electoral tienen que ver con la materia electoral y, en todo caso, con algunas cuestiones de carácter laboral de los trabajadores de los órganos electorales, pero no en materia presupuestal.
• Consideran que el presupuesto lo deciden cada una de las entidades federativas y, particularmente le corresponde al Congreso o a los congresos locales.
• También consideran que el Tribunal Electoral asume facultades que le corresponden al Poder Legislativo de la Ciudad de México para aprobar el presupuesto; y no solamente para aprobar el presupuesto, sino también para aprobar los ajustes presupuestales, particularmente a la luz de la emergencia sanitaria que sucedió  respecto de estos ajustes presupuestales, en virtud de que se destinaron muchos de ellos, de los recursos, a los temas de salud.
  
  

“Ya la propia Suprema Corte de Justicia ha asentado algunos precedentes en donde señala precisamente que la Suprema Corte de Justicia sí le puede entrar, particularmente a algunas controversias constitucionales en materia de transparencia y acceso a la información, en donde ha señalado que cuando se invaden atribuciones sí es pertinente ´entrarle´ a las controversias, y eso es lo que estamos… los principales argumentos que estamos presentando”, comentó.

Vargas Solano informó que también fue presentada una Acción de Cumplimiento en la Sala Constitucional del Poder Judicial de la Ciudad de México, ya que se considera que el TECDMX ha incumplido algunas obligaciones constitucionales, por ejemplo: el hecho de que, al haber una Sala Constitucional en la Ciudad de México, tenía que haber acudido ante ella y no en materia de juicio electoral ante el TEPJF.

“A diferencia de otras entidades federativas, en donde no hay una Sala Constitucional, no hay medios de control constitucional locales –como sí los hay en la ciudad–, el Tribunal Electoral debió haber acudido a manera de controversia constitucional ante la Sala Constitucional de la Ciudad de México, cosa que no hizo”, explicJ

Asimismo, la propia Constitución establece que los órganos autónomos se deben de sujetar al presupuesto autorizado por el Congreso y también a las adecuaciones que realiza, dependiendo las necesidades presupuestales que existen, situación que no realizó el TECDMX y deriva en incumplimiento de las obligaciones constitucionales.